La crisis de la vivienda en nuestros barrios

Durante los últimos años, desde la Fundació La Vinya, en los barrios de Bellvitge y Gornal, hemos detectado diversas complejidades que afectan a las personas y familias del territorio. Por este motivo, nuestra misión es acoger, atender y acompañar a niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad de estos barrios.

Se ha detectado que la problemática de la vivienda ha ido aumentando progresivamente, una realidad que nos lleva a denunciar y visibilizar la situación que se está viviendo actualmente en el barrio. De manera creciente y especialmente en los últimos meses, llegan a la Fundación personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial.

Ante esta realidad, pusimos en marcha el proyecto Hospitalidad con el objetivo de acompañar en la búsqueda de soluciones a una problemática que nos engloba y afecta a toda la población.

Pero, ¿qué implica estar en riesgo de exclusión residencial? En España, según la Ley 12/2023, de 4 de mayo, por el derecho a la vivienda, el artículo 3.1 define el sinhogarismo como “aquella circunstancia vital que afecta a la persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y que aboca a las personas a vivir en espacios públicos, viviendas inadecuadas o masificadas, temporales, inseguras o incluso bajo amenaza de violencia”.

Actualmente, el derecho a una vivienda digna, que se articula en el artículo 47 de la Constitución Española, no se reconoce como un derecho fundamental. Pero una vivienda implica mucho más que un lugar donde vivir: es donde iniciamos y construimos nuestros proyectos de vida, donde nos sentimos protegidos, donde podemos descansar, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, ver crecer a nuestra familia, arraigarnos en el barrio, crear red y soñar con el futuro (ESADE, 2024).

Esta visión de la vivienda, sin embargo, no encaja con la lógica del mercado actual, que la entiende como un bien de inversión. Cuando esto ocurre, el derecho a la vivienda deja de responder a las necesidades humanas y queda sometido a dinámicas especulativas: los precios aumentan, el acceso se dificulta y se genera exclusión residencial. La lógica del mercado convierte la vivienda en un privilegio, y no en un derecho colectivo garantizado.

A pesar de que se trata de una dificultad generalizada, desde La Vinya hemos observado que determinados colectivos afrontan obstáculos especialmente graves para acceder a una vivienda digna y asequible. Es el caso de las familias monoparentales, que a menudo deben asumir todos los gastos con un único sueldo, mientras cubren otras necesidades básicas como los suministros, la alimentación o el cuidado de los hijos. También las personas migrantes en situación administrativa irregular, que se ven obligadas a realquilar habitaciones en condiciones precarias, sin ninguna garantía legal. Esta situación afecta también a las personas mayores, ya que el incremento de los precios del alquiler hace que muchas pensiones sean insuficientes para mantener un hogar digno de forma autónoma. Y no podemos olvidar al colectivo juvenil, para quienes la emancipación se ve constantemente aplazada por la falta de vivienda asequible y las dificultades de acceso en condiciones de seguridad y estabilidad.

Un estudio iniciado recientemente por el equipo de infancia, hospitalidad y trabajo social este curso 24-25 ha puesto sobre la mesa datos alarmantes sobre la exclusión residencial que sufren las personas a las que atendemos. De un total de 98 personas que acompañamos, observamos que 71 viven bajo alguna forma de precariedad habitacional: un 5.10% está ocupando una vivienda; un significativo 33.67% reside en habitaciones realquiladas a precios desorbitados y sin facilidad de empadronamiento, donde mayoritariamente encontramos familias obligadas a convivir con más de un núcleo familiar; de los cuales un 13.27% sufre sobreocupación; un 3.06% afronta la amenaza de desahucio, un 5.10% vive en locales no aptos para vivienda sin acceso a suministro básico; un 8.16% tiene graves dificultades para pagar el alquiler, situación que afecta especialmente a familias con menores a cargo y personas mayores; un 1.02% se encuentra en acogida residencial; y un 2.04% vive sin hogar; mientras que solo un 7.14% disfruta de vivienda de protección oficial, evidenciando la urgencia de abordar esta realidad que afecta a más del 72% de las personas a las que acompañamos.

Es por ello que la falta de vivienda digna es un problema estructural que demanda soluciones inmediatas y contundentes. Este estudio, aún en proceso de análisis y seguimiento, ya revela una tendencia preocupante al alza en las situaciones de exclusión residencial que constatamos día a día, subrayando la necesidad urgente de una intervención decidida para revertir esta realidad creciente.

No obstante, la crisis residencial que vivimos no solo afecta a los barrios de L'Hospitalet, sino que se extiende por todo el territorio. Por eso se necesita una respuesta colectiva, con la implicación activa de las administraciones públicas y las entidades sociales, para elaborar soluciones sostenibles a la problemática de la vivienda.

Con esta voluntad de trabajo conjunto, en L'Hospitalet se ha creado la primera Mesa Sectorial de la Vivienda del municipio, en la que participamos activamente. Un espacio de diálogo y coordinación entre administración, asociaciones vecinales y entidades sociales para abordar las necesidades del territorio y construir alternativas reales e inclusivas.

Alba Calderón

Trabajadora social

Anna Cantos

Educadora Social